Los mecanismos de participación ciudadana son una serie de herramientas establecidas en la Constitución de 1991 para asegurar e incentivar la movilización de la población colombiana. La preocupación central de una democracia auténtica consiste en garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan una posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas. Así, cuando nuestra Constitución establece desde su primer artículo que Colombia es una república democrática y participativa, está asumido el reto y el compromiso de promover la participación ciudadana en todos los espacios de la vida social.

Todos los individuos de nuestra sociedad con capacidad de voto tienen el derecho de poner en práctica el uso de los mecanismos de participación, para asegurar su participación en la toma de decisiones y la resolución de los problemas que afectan el bien común. El objetivo de los mecanismos de participación ciudadana es brindar garantías y beneficios para que el pueblo colombiano pueda incidir en cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo y legislativo.

A través de todas estas herramientas, consagradas en la Constitución y reguladas en las leyes nacionales, los colombianos pueden entablar una relación directa con las autoridades públicas, dar a conocer sus propuestas, presionar para que sean adoptadas, opinar sobre asuntos públicos, exigir el cumplimiento de las normas, vigilar la conducta de los dirigentes, tomar decisiones que nos afectan a todos o sancionar a los gobernantes que actúan de forma equivocada, entre otras formas de participación.

Mecanismos de participación política

Se han establecido una serie de mecanismos de participación que tienen la naturaleza de un derecho político fundamental, atribuido a todo ciudadano, con el objetivo de que cada uno pueda participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. La Ley 134 de 1994, que reglamenta todo lo relativo a mecanismos de participación ciudadana, regula detalladamente: la iniciativa popular legislativa y normativa, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el Cabildo Abierto.

El voto: herramienta mediante la cual el ciudadano colombiano elige de manera activa a las personas que considera idóneas para su representación en las instituciones del Gobierno (Presidencia, Vicepresidencia, Cámara de Representantes, Senado, alcaldías, gobernaciones, concejos distritales y municipales, alcaldías locales).

El plebiscito: herramienta utilizada por el presidente de la República para refrendar una decisión con la opinión del pueblo. El presidente anuncia el uso del plebiscito y los ciudadanos votan para apoyar o rechazar la decisión puesta en cuestión.

El referendo: herramienta utilizada para convocar a los ciudadanos a la aprobación o al rechazo de un proyecto de ley o una norma jurídica vigente. El referendo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local.

El referendo derogatorio y aprobatorio: herramienta mediante la cual se pone a consideración de la ciudadanía la derogación o aprobación de una ley, una ordenanza, un acuerdo o una resolución local.

La consulta popular: herramienta mediante la cual se plantea una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, por parte del presidente de la República, el gobernador o el alcalde, para que los ciudadanos se pronuncien al respecto. Este mecanismo puede ser utilizado para convocar una Asamblea Constituyente, con el fin de someter a consideración popular las decisiones allí establecidas.

El cabildo Abierto: es la reunión pública de los concejos distritales, municipales y de las juntas administradoras locales, con el objetivo de que los habitantes puedan participar directamente en la discusión de asuntos de interés para comunidades.

La iniciativa popular: es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyectos de ley y de acto legislativo (que pretende reformar la constitución) ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las Asambleas Departamentales, de acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de resolución ante las Juntas Administradores Locales (JAL), y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente.

La revocatoria del mandato: es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde.

La tutela: es el mecanismo creado en el artículo 86 de la Constitución de 1991, mediante el cual toda persona puede reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos.

La importancia de la participación de la ciudadanía en las decisiones queda puesta de manifiesto en la posibilidad de lograr, en cierto modo, el acceso a las determinaciones del gobierno local sin integrar la estructura de partidos políticos o del escalafón administrativo.

Se evidencia la necesidad de la presencia del ciudadano común en la toma de decisiones en los más versátiles aspectos de la realidad diaria. La participación ciudadana surge así como un mecanismo que antagoniza a las burocracias que, en ocasiones, pueden empañar las formas democráticas, en especial en los estados municipales o regionales. De este modo, resulta posible la comunicación aceitada entre la ciudadanía en general, por un lado, y las estructuras definidas de gobierno, por el otro.

CONTRIBUCIÓN EN LE ÁMBITO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DE LOS COLOMBIANOS

Colombia es una sociedad caracterizada por una profunda exclusión social. Se podría afirmar que se encuentra en un nivel equiparable a la Colombia de hace 20 años en muchos aspectos del ámbito económico y social, en tanto que en otras dimensiones como la civil y política se encuentra enfrentada a una problemática crítica. Es decir, no obstante los logros que ha habido, el ordenamiento social colombiano dista hoy seriamente de los propósitos planteados por la Constitución de 1991.

Para ilustrar la problemática de la exclusión en su dimensión económica y social, conviene resaltar que la sociedad colombiana está marcada por graves disfuncionalidades críticas como las siguientes:

Más del 60 por ciento de la población es pobre, con más de 11 millones de colombianos bajo la línea de indigencia—es decir, esta población no dispone de un ingreso de un dólar diario para garantizar unas condiciones vitales mínimas de alimentación y nutrición. Además, el 80 por ciento de la población rural es pobre y cerca del 60 por ciento indigente.

Aparte de la indigencia, pobreza y marginación que implica una condición tan desaventajada, hoy el 60 por ciento de la población económicamente activa del país no ha ingresado a la economía formal; es decir, esta población busca desarrollar algunas de sus capacidades y habilidades en condiciones de extrema precariedad, que le impide aprovechar sus potencialidades y obviamente garantizar unos ingresos que le permitan alcanzar mejores condiciones de vida en el futuro. En estas circunstancias, la sociedad colombiana está desperdiciando una altísima proporción de su capital humano, físico y medioambiental para generar riqueza colectiva como una de las condiciones necesarias para avanzar en la inclusión social. Una sociedad que no construye un proyecto colectivo y una riqueza social, evidentemente no logra garantizar unos estándares razonables de bienestar para la gran mayoría de su población.

Una de las características más perversas del proceso de exclusión es que se ha venido agudizando su carácter intergeneracional. Dentro de la población pobre, la proporción de jóvenes menores de 15 años—el doble de la correspondiente a los estratos altos de la sociedad—con precarias condiciones de vida y marginamiento en el acceso a servicios públicos básicos; es así como, por ejemplo, más de 3 millones de niños y jóvenes en edad escolar no tienen acceso a la educación. Vale recordar, además, la falta de reproducción del capital social en el seno de la familia como el ámbito inicial de la formación humana, y su progresiva depredación. Hoy más del 30 por ciento de las familias colombianas tiene una mujer cabeza de familia, que tiene que desempeñar múltiples funciones en condiciones de ingresos precarios. Así se están germinando y reproduciendo gravemente múltiples raíces de exclusión social hacia el futuro.

El carácter intergeneracional de la exclusión viene manifestándose en múltiples dimensiones y expresiones de las relaciones sociales. Es de recordar que los 2000 mayores deudores participan con más del 75 por ciento del crédito comercial otorgado por el sistema financiero comercial. Esto quiere decir que no obstante que hay más de un millón de empresas informales, más de 12.000 establecimientos manufactureros formales e innumerables establecimientos comerciales, solamente 2000 personas naturales y jurídicas tienen acceso a la gran mayoría del crédito comercial—que participa con más del 60 por ciento de todo el crédito irrigado en la economía. Hoy la concentración accionaria y de capitales en el país es incluso más elevada que hace década y media, en medio de un proceso de apertura y de competencia. Lo grave de una situación como ésta es que en el capitalismo moderno, sin la democratización en el acceso a activos productivos—llámense financieros, de capital humano, de capital productivo—resulta inviable avanzar en la inclusión social.

La concentración de la riqueza y la propiedad de activos productivos no sólo no se ha reducido, sino que ha venido a ser permeada por capitales de naturaleza ilegal. Colombia es quizás la segunda sociedad con mayor desigualdad en el ingreso en Latinoamérica—después de Brasil—el continente con mayor desigualdad en el mundo. El 20 por ciento de los hogares más ricos concentran el 52 por ciento de los ingresos y el quintil con mayores ingresos devenga más de 26,3 veces que el quintil más pobre. Hoy el 1,1 por ciento de los propietarios de la tierra en el país tiene más del 55 por ciento del territorio cultivable y explotable. Con el agravante que en las zonas ampliamente ricas del agro cerca de un 30 a 35 por ciento de ese territorio sería de propiedad de capitales de dudosa procedencia, ligados al narcotráfico o a la corrupción abierta.

La exclusión social también se manifiesta en el ejercicio de la función pública de manera muy acendrada y perversa. En el sistema tributario colombiano el conjunto de dádivas, privilegios, exenciones y deducciones, que en buena parte no tienen mayor retribución social, favorece primordialmente a un número reducido de personas naturales y jurídicas por un valor equivalente hasta un 5 por ciento del PIB. El ahorro tributario por concepto de exenciones al impuesto de la renta alcanza a superar el 40 por ciento para ingresos mayores a 20 salarios mínimos, en comparación con uno del 15 por ciento para 6 salarios mínimos.

Además la corrupción, las fallas administrativas del Estado y el malgasto de recursos alcanzan un monto del orden del 3,0-3,5 por ciento del PIB. Dentro de las nuevas formas de interacción público y privado alrededor de la gestión publica, se han reproducido formas de desviación de recursos públicos a favor de intereses privados, que sin que constituyan conductas abiertamente al margen de la ley, son no sólo un claro favorecimiento de intereses particulares, en detrimento del erario público, sino además un quebrantamiento de la ética ciudadana y la responsabilidad de recursos de interés colectivo. Es así como alrededor de las nuevas formas de contratación pública y de administración de servicios públicos con inadecuados marcos regulatorios y de fiscalización en medio de la privatización—se han venido reproduciendo diferentes tipos de irregularidades de ese carácter.

No obstante lo anterior, conviene mencionar que algunas fallas del Estado pueden conducir a formas de inclusión perversa de algunos grupos marginados a través de la desviación o utilización de recursos públicos para favorecer ciertos intereses particulares como ocurre, por ejemplo, con el aprovechamiento del poder político por parte de los denominados barones electorales para retribuir a sus clientelas a través de cuotas burocráticas en el aparato del Estado—fenómeno del clientelismo.

Todo lo anterior lleva a un proceso perverso de exclusión social y de excesiva concentración del poder. La exclusión social, por lo tanto, constituye una piedra angular en el proceso de transformación de la sociedad hacia la construcción de la democracia en el marco de un Estado Social de Derecho. Es fundamental avanzar hacia la democratización económica y política de la sociedad y obviamente la democratización del poder. La sociedad colombiana tiene que tomar decisiones serias, en un proceso de elección social y política, sobre cómo destinar los esfuerzos, recursos y potencialidades para el cumplimiento y la satisfacción de dilemas sociales profundos e inevitables.

La crisis económica en medio de la globalización impone la necesidad de avanzar en un proceso de ajuste a las finanzas publicas, pero este proceso no debe circunscribirse a una única modalidad inevitable, sino que debiera responder a una decisión democrática sobre cuáles son los intereses y propósitos que han de prevalecer en el ajuste. Uno de los retos de economía política es mostrar si resulta posible realizar un ajuste razonable que no tenga que ser recesivo sino que incluso pueda llegar a ser relativamente progresivo en términos sociales, e identificar el tipo de intereses y poderes tradicionales que tendrían que afectarse para poder avanzar en el propósito de la lucha contra la pobreza, el crecimiento económico y la inclusión social

FUENTES

banrepcultural, 

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Mecanismos_de_participaci%C3%B3n_ciudadana 

Revista harvard, luis Carlos Garay

https://revista.drclas.harvard.edu/book/la-econom%C3%ADa-pol%C3%ADtica-en-colombia-spanish-version